Alberto González Cáceres
Abogado, Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Médico

Las noticias de los últimos días sobre diversos casos de supuesta negligencia médica, no solo en la capital, sino también en varias partes del interior del país,
no han permitido calmar las aguas de la conmoción provocada, conmoción justa
por cierto, hace semanas atrás por los informes de contagio del virus del VIH a
ocho personas (una mujer y siete niños).

Infelizmente en la mayoría de los últimos casos los resultados han sido trágicos:
en Tacna, la muerte de una niña de nacionalidad chilena durante atención odontológica, en Huancayo, la muerte de un niño por aparente sustitución terapéutica de un medicamento, en Cuzco, la muerte de una joven por cirugía estética de liposucción; en Lima, en Breña, la muerte de un joven por cirugía rehabilitadora al brazo, en San Borja, la muerte de una mujer, también por cirugía estética de liposucción y finalmente en Ate, la muerte de un joven atendido por intrusión de un técnico sanitario.

Aparentemente todos los casos responden a una causa común: la negligencia médica; sin embargo, es necesario atender con prudencia cada caso y circunstancia en particular; sobre todo quienes somos profanos en las ciencias médico-sanitarias, pues no se puede adelantar juicio con el afán de encontrar responsables, a pesar del justo dolor de los perjudicados y de sus familiares, por distintas e importantes razones.

No todos los casos obedecen a la responsabilidad de los profesionales médicos (el cuidado de la salud es compartido y también están comprometidos otros profesionales médicos y sanitarios: odontólogos, tecnólogos médicos, químico farmacéuticos, enfermeros, etc.); no existe una política estatal de control de la proliferación de la práctica ilegal de las profesiones de la salud (el esfuerzo desplegado por los distintos Colegios Profesionales de la Salud por erradicar el empirismo no es acompañado debidamente por nuestra legislación ni por el ministerio del sector ni por el Ministerio Público); no encontramos un interés especial por controlar las condiciones sanitarias idóneas de los establecimientos de atención de la salud (especialmente los consultorios particulares que hoy por hoy abundan sin ningún tipo de control.

Ni el Ministerio de Salud ni las municipalidades consiguen controlar boticas, farmacias, consultorios médicos, odontológicos, naturistas, etc.); es alarmante la cantidad de establecimientos que publicitan servicios de salud estética donde se realizan actos médicos, odontológicos y de análoga índole que es atendida por personas de escasa o nula preparación; existe una sobre oferta de profesionales y técnicos sanitarios fomentada por el descontrol del ministerio de educación y de las instituciones encargadas en otorgar las autorizaciones para su formación (a pesar del gran esfuerzo que realizan determinadas instituciones por evitar la negligencia proveniente de la deficiente formación académica como la Comisión para la Acreditación de Facultades o Escuelas de Medicina o el programa de Recertificación del Colegio Médico del Perú); no se vislumbran posibilidades de democratizar la gestión del sector salud entregando determinadas direcciones a los profesionales cuya competencia profesional le corresponde por su propia naturaleza (como es el caso de entregar la Dirección General de Medicamentos y Drogas a un químico farmacéutico); existe una fuerte presión por parte de cierto sector de la "sociedad civil" en imponer determinados derechos sobre otros de naturaleza más básica o primaria como es el derecho a la vida o no morir por atención sanitaria.

Así mismo, por otro lado, la "negligencia médica" además es acrecentada por negligencia de la misma población; cuando precariza la formación y capacitación profesional de los profesionales médico sanitarios al elegir al "técnico naturista" en vez del profesional nutricionista o del médico homeópata o nutricionista, al "técnico protesista" en vez del odontólogo de prótesis dental o máximo facial; al "especialista en peeling, lifting y otros similares, en vez del cirujano plástico, del médico dermatólogo, o similar.

Al no verificar si es que se encuentran debidamente habilitados en sus respectivos colegios profesionales, al no verificar la especialización para aquellos casos complejos o de especial atención; al no denunciar el "ejercicio profesional" de aquellos empíricos que "trabajan" frente a la oficina o la casa; cuando descuida la continuidad del tratamiento prescrito por el profesional; cuando se automedica o solicita al dependiente de la farmacia que le expenda un medicamento para determinado problema de la salud. Estamos seguros que lo anterior no es un problema de economía sino de educación.

Finalmente, si es que de negligencia médica pretendemos hablar, tratemos de enfocar el asunto con responsabilidad, de manera objetiva, plural y democrática, donde participen todos los involucrados: médicos, odontólogos enfermeros, otros profesionales de la salud, pacientes, asociaciones de pacientes, congresistas, autoridades del sector salud, sociólogos, abogados, etc. con la finalidad de encontrar en nuestro país el camino que nos haga posible un futuro diligente.
Enero del 2005.